El programa, una iniciativa piloto en innovación social de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, se desarrolló entre junio y noviembre de 2016, en colaboración con la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
Durante seis meses se ha trabajado con mujeres en riesgo de exclusión social de las nueve provincias de la región facilitándoles las herramientas y capacidades necesarias para mejorar su integración y empleabilidad.
Actualmente se mantiene un seguimiento de las participantes. Se ha conseguido la integración laboral de 38 de las 130 mujeres implicadas, otras 7 han retomado su formación y se ha establecido una red de contactos empresariales que abarca más de un centenar de empresas de la región.
Los buenos resultados llevarán a la Consejería a duplicar su aportación para financiar el programa en 2017, llegando a los 160.000 euros, para incrementar un 77 % el número de mujeres participantes y ampliarlo a través de dos proyectos: uno específico para víctimas de violencia de género y otro para mujeres vulnerables en general.
La integración laboral de la mujer en riesgo de exclusión social o en situación de especial vulnerabilidad es un elemento fundamental para lograr su autonomía y una mejor calidad de vida, por lo que la Junta de Castilla y León está apostando por la implantación de acciones encaminadas a la inserción socio laboral.
En este contexto de impulso y fomento de la autonomía de las mujeres más vulnerables, y desde el convencimiento de la importancia de recuperar la visibilidad de las personas en riesgo de exclusión social, el Programa ‘Empleo Mujer Castilla y León’ se puso en marcha en junio con el objetivo de neutralizar las causas de la exclusión y eliminar sus consecuencias para ayudar a que las personas con especial vulnerabilidad puedan iniciar su camino hacia la reinserción social.
La propuesta se ha apoyado en el trabajo previo desarrollado por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de otras organizaciones del tercer sector, entre ellas la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, que ha puesto a disposición del programa su conocimiento en materia de reactivación profesional de personas desempleadas y su red de contactos empresariales. Se ha contado también con el apoyo del Fondo Social Europeo, a través del programa Europa Impulsa.
38 mujeres han conseguido empleo
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el director de proyectos de la Fundación Santa María la Real, Gumersindo Bueno, han sido los encargados de presentar los resultados de la experiencia piloto de 2016 y la ampliación prevista para 2017.
Las sesiones de trabajo por provincias han contribuido a estimular la autonomía personal de las participantes, así como el manejo de las estrategias actuales para buscar empleo, activando su potencial y mejorando sus competencias y habilidades. Alicia García ha destacado la atención y seguimiento personalizado a las mujeres participantes, la creación de una red de 37 empresas de apoyo a mujeres en situación de exclusión social.
Los resultados son positivos. Se atendió a 130 mujeres, de las que 38, un 30 %, han conseguido empleo en sectores como limpieza, hostelería y restauración, industria, comercio o ayuda domiciliaria. Otras siete participantes han retomado su formación. Además, de esas 38 mujeres, 22 son víctimas de la violencia de género, lo que supone un paso definitivo para dotarlas de la autonomía que precisan para normalizar su vida.
Se ha desarrollado en toda Castilla y León, con contrataciones en las nueve provincias -11, en León; 6, en Salamanca y Zamora; 3, en Ávila, Soria y Valladolid, y 2, en Burgos, Palencia y Segovia-. Todas las mujeres beneficiarias del programa atraviesan una situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, residen en Castilla y León y son usuarias de los Servicios Sociales de la Junta, bien como víctimas de violencia de género o bien como destinatarias de otros programas, como la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En cuanto al perfil de las 130 participantes, el 27 % son mujeres inmigrantes, el 34 % son víctimas de violencia de género y el 33 % son perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Además, el 80 % de estas mujeres posee formación o estudios básicos, el 75 % tiene cargas familiares y el 68 % tiene entre 35 y 54 años.
En 2017, más mujeres y más empresas
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha avanzado que, a raíz de la experiencia del año pasado y los buenos resultados, en 2017, se va a dar continuidad y a potenciar este programa con una nueva edición para llegar a más mujeres y facilitar la participación de más empresas. Para ello, la Consejería duplicará la aportación a este programa, llegando a los 160.000 euros. Así, se incrementará un 77 % el número de mujeres participantes en 2017, que pasará de 130 a 230.
El programa constará de dos proyectos: uno específico para víctimas de violencia de género y el otro para mujeres vulnerables en general. Esto permitirá organizarlo en dos fases temporales: la primera correspondería al periodo de marzo a junio y será para mujeres víctimas de violencia de género, con unas 100 participantes, y la segunda fase, de septiembre a diciembre, se dirige tanto a mujeres víctimas de violencia de género como a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, con unas 130 participantes. Como novedad, se ampliarán las sesiones grupales a dos días a la semana para aumentar la efectividad del programa, tanto a nivel global, como a nivel individual con cada participante.
Al mismo tiempo, se va a aumentar el número de empresas que colaboren con el programa y se unan a la red empresarial de apoyo a las mujeres en riesgo de exclusión, para incrementar las posibilidades de inserción. García ha señalado también que, para facilitar la asistencia de las mujeres con cargas familiares, las actividades formativas coincidirán con el curso escolar, entre otras medidas de conciliación.
IMAGEN: Un momento de la presentación de resultados del programa PEMCYL. Archivo Junta de Castilla y León